La
informalidad empresarial, perversa práctica contra la competencia
Por Carlos Rojas Arenas, administrador del BLOG. Ing Industrial, Esp Gestión Regional del Desarrollo, Esp Gerencia de Recursos Humanos, Ma, Estudios sobre Desarrollo. Actualmente Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Casanare - Colombia
La informalidad
empresarial se entiende a partir del no cumplimiento de una serie de
obligaciones legales y de acceso a la economía formal, tales como el pago de la
seguridad social de los empleados, la operación con contabilidad, obtención del
Registro Mercantil y del Registro Único Tributario. A pesar de lo anterior, hoy
no existe una definición oficial establecida de lo que significa una empresa
informal[1]. De acuerdo con la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras)
en Colombia existen 1.450.520 empresas, divididas en 1.036.006 personas
naturales y 414.514 personas jurídicas o formas societarias (S.A.S., Ltda., S.A.,
entre otras). Se estima que en el país unas 601.965 empresas, equivalentes a un
41.1% del tejido empresarial nacional, opera en condiciones informalidad[2].
Algunas de las principales
consecuencias de la informalidad empresarial[3] en el país, entre otras, tenemos:
·
Evasión
en renta equivalente al 1.7% del PIB. Es decir, cerca de 14.9 billones de pesos
según cifras de la DIAN.
·
Evasión
en IVA estimada entre el 1,2% y 3,6% del PIB. Esto representa entre 10,5 y 31
billones de pesos según la DIAN y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
·
Disminución
de la productividad. Las empresas informales producen 2.5 veces menos que las
empresas formales (Haussman y Mejía, 2011).
·
Cerca
de 24 billones de pesos se dejan de percibir en el sistema pensional por cuenta
de los ocupados informales (Consejo Privado de Competitividad, 2017).
·
Se
dejan de recaudar 4 billones de pesos por la permanencia de informales con
capacidad de pago en el régimen subsidiado (Giraldo, 2015).
Las
bondades de la formalidad han sido explicadas y argumentadas en diversos
estudios e investigaciones[4]. Es fundamental destacar
que aún no se han calculado las consecuencias que la actividad empresarial
informal provoca sobre los empresarios formales en términos de mortalidad o
salida de estas últimas del mercado.
En
Casanare terminamos el 2017 con 20.861 empresas, de las cuales, el 82%
corresponde a personas naturales y el 18% a figuras societarias. Según datos de
la gerencia de formalización de la Cámara de Comercio de Casanare (CCC), que cada
dos años realiza el censo empresarial georreferenciado existen, 8.138 empresas
que operan en la informalidad, es decir que la cifra de informalidad
empresarial está cercana al 40% en Casanare.
Se
estima que solo el municipio de Yopal deja de recibir cada año por concepto del
Impuesto de Industria y Comercio (ICA) una cifra aproximada a los 13.000
millones de pesos. Además, por concepto de impuesto predial de uso comercial no
declarado se deja de recibir una suma no menos importante. Desafortunadamente,
el empresario formal es quien termina asumiendo las cargas tributarias que no cumplen
los informales. En esta línea, la formalidad empresarial tiene que ver también
con el cumplimiento de las reglas definidas para
ejercer actividades mercantiles por parte de quien decide entrar al mercado y
beneficiarse de este, bajo figuras empresariales.
Uno
de los espacios de encuentro más valiosos, con comerciantes y empresarios, que
tiene la CCC es el “café empresarial”,
un momento en el que el equipo ejecutivo de la entidad y el comercio de
diferentes localidades establecen un diálogo, para analizar problemáticas y
otros asuntos propios de la vida comercial y empresarial, alrededor de una taza
de café casanareño. El año inmediatamente anterior, se realizaron 14 cafés en
los que participaron cerca de 400 comerciantes comentando, argumentando y
opinando sobre las adversidades que los aquejan.
Teniendo
en cuenta lo anterior, es reiterativa la solicitud de los comerciantes, de
combatir la informalidad: “¡necesitamos un mayor control a la informalidad
empresarial porque este problema nos está llevando a una disminución en las ventas
considerable que puede derivar en la terminación de nuestros negocios!”,
afirman en grupo. En este sentido, se
expresa por parte del empresariado en general, una enorme preocupación por la
realización paralela de actividades mercantiles en condiciones de informalidad
por parte de muchos individuos y en diferentes tipos de actividades.
Se ha argumentado que
la informalidad empresarial la explican causas como: (i) el desempleo y la
necesidad de subsistencia; (ii) la alta carga tributaria; (iii) los bajos
controles estatales; (iii) la existencia de muchos trámites para desarrollar
las actividades formalmente; (iv) la falta de información con relación al
proceso de formalización de las empresas; (v) los altos costos de nómina; y
(vi) la poca confianza en el Estado por causa de ineficiencias y corrupción en
el gasto público[5].
No obstante, las cifras evidencian que son más las personas que ingresan al
mercado a través de empresas formales que informales. Es decir, más personas
actúan bajo las premisas de la formalidad que de la informalidad.
Como
se expresaba en líneas anteriores, aún no existe una medición, estimación o
cálculo de los efectos dañinos que provoca la informalidad empresarial sobre la
formal, expresado en incrementos de la tasa de mortalidad empresarial. No
obstante, la presión constate que ejerce la vida mercantil informal sobre
aquellos que consideran que es mejor estar en la ilegalidad es realmente
perversa y atenta contra los propósitos, más que de crecimiento, de desarrollo de
cualquier territorio.
Tal
vez, ninguna práctica anticompetitiva es tan dañina como la informalidad
empresarial. Posiblemente, no se registre un acto de competencia desleal que quiebra
tantas empresas como está problemática lo hace. No existe, práctica restrictiva
de la competencia que genere los huecos fiscales registrados por la informalidad
empresarial. Seguramente, no hay acción en contra de la sana competencia empresarial
que atente contra los propósitos de desarrollo económico y social; como la informalidad
empresarial lo hace. En síntesis, la informalidad empresarial podría precisarse,
no solo, como la peor practica contra la competencia, sino también, como una de
las peores prácticas contra los grandes intereses de progreso y prosperidad de
una sociedad.
Los
individuos responden a los incentivos, y estos, así como sus mecanismos de
implementación, son definidos formalmente por los organismos de poder. En
consecuencia, se requiere de la estructuración de incentivos que propendan
porque las actividades empresariales se realicen en el marco de la legalidad y
promuevan el crecimiento y el desarrollo económico. En esta tarea, no menor, la
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), las alcaldías municipales y la
Policía Nacional tienen una importante responsabilidad en la inspección,
vigilancia y control del cumplimiento de las normas requeridas para el
ejercicio del comercio.
Solo
así se podrá hablar de un verdadero crecimiento empresarial y contrarrestar uno
de los problemas más graves que tiene en este momento el país: ¡la informalidad!
[1]
Extraído de https://compite.com.co/wp-content/uploads/2017/11/CPC_Informalidad-V03.pdf
[2] Ibídem
[3]
Extraído de:
https://compite.com.co/wp-content/uploads/2017/10/3.-Informalidad-Rafael.pdf
[5]
Santa María M. & Rozo S. (2008). Informalidad empresarial en Colombia:
alternativas para impulsar la productividad, el empleo y los ingresos. Colecciones desarrollo productivo de
Fedesarrollo. Recuperado el día 31 de enero de 2018, del sitio web de
Fedesarrollo http://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/1207
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